Los administradores de fincas estamos acostumbrados a renegociar las condiciones de la póliza cuando se acerca el vencimiento. A la hora de lograr los mejores precios es de especial importancia las rehabilitaciones realizadas y el número de siniestros, dado que las expectativas de posibles siniestros determinan el riesgo que asumen las aseguradoras y por tanto determina su precio.

Aspectos como la antigüedad y el capital asegurado también determinan la tarificación. Si las instalaciones no se mantienen en buenas condiciones y no se realizan las adecuadas tareas de mantenimiento preventivo el precio de la póliza respecto a un edificio nuevo puede suponer un incremento del 50%, así que aprovechamos cada obra como una ocasión perfecta para presionar el precio a la baja.

Una tentación extendida es la de reducir el capital asegurado o eliminar algunas coberturas para abaratar precios. Si bien es cierto que la bajada del precio de la vivienda ocasionada por la crisis se puede trasladar hasta cierto punto al capital, no es menos cierto que se corre el riesgo de incurrir en un infraseguro que disminuya, en la misma proporción, la indemnización en caso de siniestro.

A la hora de eliminar alguna cobertura hay que tener en cuenta que los daños por agua son los siniestros más comunes en las comunidades, con un coste anual de 130 millones de euros. Al año se producen 425.000 goteras, según la patronal Unespa (Asociación empresarial del seguro). El segundo en importancia es el de responsabilidad civil, con 111.000 casos al año y un coste de 90 millones de euros. Le siguen los siniestros en cristales (74.188) y los fenómenos atmosféricos (56.343).

Lo que nunca puede faltar es la responsabilidad social frente a terceros. Ninguna comunidad está a salvo de que algún día caiga sobre un transeúnte un pedazo de fachada. El coste dependerá de la gravedad de las lesiones ocasionadas pero puede superar ampliamente los 250.000 euros.

Finalmente otro factor importante, a la hora de obtener el mejor precio, es que el agente de seguros sea ajeno a la comunidad y no sea el propio administrador. En el primer caso difícilmente se puede negociar precio o exigir diligencia a la hora de resolver un siniestro cuando el agente es miembro de la propia comunidad y del precio de la póliza depende su comisión en el segundo el administrador velará por sus interesas más que por los intereses de su cliente.